Clasificación: Documentado

Pedro Alonso López: el Monstruo de los Andes y las cifras que los expedientes no cierran

Detenido en Ecuador en 1980, Pedro Alonso López se atribuyó cientos de muertes de menores en tres países. La cifra se volvió titular, pero un estudio de archivos penitenciarios identifica cuatro condenas por víctimas con nombre, reunidas en una pena de 16 años. Este dossier sigue a las víctimas, los documentos y los vacíos que suele ocultar la fama del agresor.

Ambato, Tungurahua, Equador · Ver historias de este lugar y alrededores

La niña que pidió ayuda

En marzo de 1980, en Ambato, Ecuador, una niña de 12 años alertó a su madre tras un intento de llevársela. Según la reconstrucción de Martha Alexandra Vargas Aguirre basada en documentos del antiguo penal García Moreno, la detención de Pedro Alonso López comenzó con cuatro causas pendientes; ingresó al centro de rehabilitación social de la ciudad el 20 de marzo. Relatos de la época vinculan la investigación con cuerpos descubiertos después de una inundación. La secuencia precisa requiere cautela: la tesis reconstruye hechos de décadas anteriores y este episodio no sustituye los autos de cada muerte.

El apodo “Monstruo de los Andes” cruzó fronteras con facilidad. Los nombres de las niñas, rara vez. Esta historia empieza con la menor que pudo pedir ayuda y llega hasta cuatro víctimas mencionadas en el análisis jurídico de las sentencias. La violencia fue real y grave sin necesidad de inflar las cifras.

Tres cifras que responden preguntas distintas

Los relatos sobre López contienen por lo menos tres conjuntos diferentes. El primero corresponde a las confesiones que se le atribuyen. El estudio ecuatoriano recoge una versión de 101 muertes alegadas en Ecuador y unas 200 más en Perú y Colombia; otras fuentes hablan de 110 o “más de 300”. Una confesión no es una prueba, y las variaciones no permiten presentar un total redondo como una lista verificada de víctimas.

El segundo conjunto se refiere a restos y desapariciones relacionados por la prensa con la investigación. Circulan cifras como 53 o 57 restos. Sin una relación pública íntegra de exámenes, identificaciones y conexiones procesales caso por caso, no pueden convertirse automáticamente en un total de asesinatos atribuidos judicialmente a López. Hallar un cuerpo, identificarlo y obtener una condena responden a preguntas distintas.

El tercero corresponde a procesos y sentencias. Vargas Aguirre afirma haber consultado el archivo del antiguo penal García Moreno y encontrado 16 procesos en provincias ecuatorianas; algunos prescribieron. Identifica cuatro sentencias distintas de 16 años, después reunidas en una pena única. Señala expresamente que López no fue declarado culpable de los 53 asesinatos que le atribuía la prensa de la época. La distancia entre 16 procesos, cuatro condenas y cientos de muertes confesadas es el eje documental de este dossier.

Cuatro nombres en el archivo

La investigación jurídica vincula las cuatro sentencias con las muertes de Amparo León Gómez, en Imbabura; Rosario Morocho Masabamda y Vilma Margoth Punina Chicaiza, en Tungurahua; y Aidé Chinga Moreira, en Manabí. En el caso de Amparo, la autora describe además una condena por violencia sexual. La primera sentencia que identifica es del 31 de agosto de 1981. Cita una decisión de Tungurahua del 30 de agosto de 1982 al examinar la valoración judicial de la imputabilidad.

Estos nombres no forman una lista completa de todas las niñas desaparecidas ni permiten descartar las otras denuncias. Son las víctimas de las cuatro condenas que el estudio encontró en el archivo consultado. La tesis es una interpretación académica de documentos judiciales; esta investigación no examinó por separado todos los expedientes originales. Existe además una discrepancia con El Tiempo del 1 de septiembre de 1994, que habla de una condena por 16 menores. Esa diferencia debe quedar a la vista del lector, en vez de resolverse con una certeza fingida.

Cómo cuatro sentencias se convirtieron en una pena

Según el análisis del Código Penal ecuatoriano entonces vigente, la categoría de reclusión correspondiente llegaba a 16 años. Las reglas sobre concurrencia de infracciones y unificación de sentencias llevaron a un juzgado de Imbabura a fijar una pena única de 16 años, en vez de sumar aritméticamente las cuatro decisiones. Eso no borró las condenas identificadas por la autora; determinó el tiempo de reclusión bajo aquella legislación. También registra 382 días de reducción por conducta carcelaria.

Una nota contemporánea de El Tiempo, del 5 de septiembre de 1994, informa que López salió de la cárcel ecuatoriana el 29 de agosto, tras unos 14 años y cinco meses, y fue deportado a Colombia. Ambas fuentes explican la liberación sin repetir que “cumplió 14 años por 300 asesinatos”. La cifra de 300 procede de relatos y confesiones; la pena nació de las causas tratadas en Ecuador.

Un expediente colombiano consumido por el fuego

En Colombia el caso no había terminado. El Tiempo informó de una orden de captura dictada en 1984 por un juzgado de instrucción criminal. López pasó por Ipiales y Pasto y fue trasladado a El Espinal, Tolima, para responder por señalamientos locales.

Una crónica del 6 de septiembre de 1994 describe una pérdida menos conocida: el expediente sobre muertes de niños en El Espinal había ardido hacia 1991 en el edificio del Quinto Juzgado de Instrucción Criminal. El fiscal trataba de reconstruir pruebas con un plazo breve. La noticia menciona once menores, pero expone acusaciones y diligencias, no once nuevas condenas. La pérdida de los autos ayuda a comprender cómo una sospecha pública podía ser amplia y la prueba judicial seguir siendo frágil. Entre los casos mencionados había niños varones, otro motivo para desconfiar de la fórmula que habla exclusivamente de “300 niñas”.

El 14 de septiembre, el diario informó del traslado de López al anexo psiquiátrico de la Cárcel Modelo de Bogotá mientras la fiscalía definía su situación. Relatos posteriores sitúan su liberación en Colombia en 1998. Para entender por completo esa etapa habría que consultar las decisiones colombianas de internación y libertad: las crónicas documentan lo publicado, no todos los actos judiciales.

La fabricación de una cifra definitiva

La afirmación de 110 homicidios “probados” reaparece en textos publicados décadas después. Una nota reciente de A&E incluso la incluye en el titular. Sin embargo, el estudio de archivos ecuatorianos describe cuatro sentencias con víctimas identificadas y 16 procesos, mientras una noticia colombiana contemporánea hablaba de 16 menores. Se trata de una divergencia sustancial entre fuentes, no de un redondeo. Sin un conjunto de sentencias que respalde 110 condenas, Nocturna no presenta esa cifra como hecho.

También circulan historias sobre la infancia de López, etiquetas psicológicas y supuestas explicaciones causales. No reemplazan la documentación sobre las víctimas ni demuestran por qué ocurrió cada delito. Su biografía puede interesar a la historia de la investigación, pero convertir una infancia difícil en causa necesaria de la violencia sería una inferencia injustificada.

Donde termina el registro

Las fuentes consultadas no permiten determinar su paradero actual, confirmar su muerte ni saber si hoy existe una orden de captura activa. Un texto de 2023 afirma que dejó de presentarse ante las autoridades después de 1998 y recoge versiones incompatibles sobre su destino; ninguna se adopta aquí como respuesta.

El núcleo más firme es la detención de 1980, las condenas ecuatorianas identificadas por la investigación jurídica, la pena unificada, la liberación y deportación de 1994 y una investigación colombiana afectada por la pérdida de expedientes. El total de víctimas es otra pregunta, abierta y confundida durante décadas por confesiones, titulares y repeticiones. Volver a los nombres de Amparo, Rosario, Vilma y Aidé, y a las investigaciones sin un desenlace demostrable, devuelve a las víctimas y a sus familias parte de la atención que les quitó la leyenda del “monstruo”.

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